Han pasado seis meses desde que el Ministerio de Sanidad retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación
irregular, una medida que, según las previsiones y a pesar de que no
hay datos concretos, afecta a más de 150.000
personas, según
Médicos del Mundo.
Es el caso de
A.L., marroquí, que denuncia que a sus hijos, menores de edad, se les negó la asistencia sanitaria o el de M.D, dominicana, que
cuando acudió a urgencias por una molestia cardiaca, le negaron el servicio en
caso de no abonar 140
euros.
También hay casos de embarazadas como Marisa, que al enterarse de su
estado, acudió al médico por ser un embarazo de riesgo
debido a su diabetes. Denuncia que no la atendieron por no
tener tarjeta hasta tal punto que “no le hicieron su primera ecografía hasta la
semana 20 y solo a raíz de haber sufrido un accidente de tráfico”, recoge en su
reclamación.
Otros casos sorprendentes son el de Jon
Bogdam, un rumano de 61 años que sufría un cáncer de lengua. Vive en Palma de
Mallorca con su hija y asegura que cuando ha tenido que acudir al médico nunca
se le ha pedido la tarjeta sanitaria.
Unos meses después
de ser operado del cáncer y de haber recibido la radioterapia acude a la
consulta regular, donde el médico le informa de que debe 20.000 euros. Acudió a
la consulta privada, donde le dijeron que el cáncer se había reproducido. Al
ser incapaz de hacer frente a esa gran suma de dinero y no poder costearse un
tratamiento privado se puso en contacto con Médicos del Mundo, donde hicieron público
su caso. Tras esto el hospital se puso en contacto con él y le comunicó que
podía volver.
Para
analizar esta situación debemos atender a lo que se ha llamado “El camino del peaje
sanitario”, compuesto por:
- Exclusión:
el Decreto realizado por el gobierno de Mariano Rajoy excluye del sistema
normalizado a los inmigrantes en situación irregular. Solo tienen derecho a atención
de urgencias, parto, posparto y pediatría.
- Diversidad autonómica: las comunidades asumen el decreto de forma
dispar, siendo muy distintas las prestaciones que ofertan. También es desigual
la información que reciben los profesionales del sector.
- Los paraguas: Andalucía, Asturias y Cataluña no aplican
la ley. País Vasco y Navarra aprobaron decretos autonómicos para garantizar la
asistencia. Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia tienen herramientas
administrativas para poder proporcionar atención a los inmigrantes. Baleares,
Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón lo cumplen a
rajatabla.
- Recursos contra la ley. Andalucía y País Vasco han recurrido ante
el Tribunal Constitucional. El Ministerio de Sanidad recurrió el decreto autonómico
de Euskadi por evitar que se llevase a cabo el copago farmacéutico.
Todos estos
casos nos demuestran que el simple hecho de ser un “sin papeles” puede causarte
la muerte en este país, donde solo en el caso de que un caso se haga público y
salga en los medios de comunicación puede salvarte. Y es que según datos de
Médicos del Mundo, un 62% de los pacientes atendidos por esta ONG habían sido
rechazados con anterioridad en el sistema público.
Celia Iniesto Ortega
Laura Lázaro Mónico
2º C1
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