El
consumo de tranquilizantes, somníferos y sedantes ha aumentado en España en los
años que coinciden con la crisis, según informes recientes. El porcentaje de
personas que los consumen se ha disparado y se ha situado en un 11,4% en el año
2011, frente al 5,1% de la población que lo hacía en 2005. Los expertos afirman
que existe un vínculo entre nivel de ingresos y salud y que la incertidumbre
provocada por la crisis conduce a muchas personas a recurrir a estos fármacos
hipnosedantes para calmar su ansiedad y angustia.
Los despidos, las bajadas de sueldo, los desahucios, las subidas de precios y los fuertes recortes que han hecho nuestros políticos debilitan la moral de quienes los padecen. Cada vez menos gente puede hacer frente a sus gastos, lo que genera preocupación e intranquilidad, y hace que tenga que recurrir a estas sustancias. A pesar de que en su mayoría se adquieren con receta, según Luis Bononato, de Proyecto Hombre, “su uso continuado genera mucha dependencia, un peligro que la mayor parte de la sociedad no contempla”.
Se abusa de estos medicamentos, que se han convertido en el principal tratamiento para el tipo de problemas psicosociales que sufren muchas personas. Sin embargo, los expertos consideran que no es la solución, y apuestan por un mayor soporte psicológico. Jordi Reviriego, médico de familia y psicoterapeuta afirma que “la industria farmacéutica ha sabido aprovechar este escenario y se trata con fármacos a pacientes que sólo necesitan ayuda psicológica o mejorar su situación social o económica”.
Los recortes han empeorado la atención psicológica disponible en el sistema público de salud, por lo que la más eficaz se ha desviado a las consultas privadas. Esto provoca que muchas personas que deben recurrir a este servicio, no puedan costeárselo y sean tratadas con hipnosedantes, que unido a la dependencia tanto física como mental, pueden producir otros efectos secundarios, muchos de ellos inevitables de por vida, como debilidad corporal, trastornos del sueño o disfunción sexual.
El alcance de la
crisis va mucho más allá de lo que a simple vista parece. Junto a las
consecuencias más evidentes, se suman otras que a largo plazo pueden generar
situaciones de riesgo entre la población. Consecuencias que en muchas ocasiones
se basan en meras estadísticas, números vacíos que muestran el aumento o
disminución del consumo de tranquilizantes, sedantes, somníferos y otros
fármacos para combatir la desgana y la impotencia. Detrás de las cifras se
encuentran las vivencias diarias, el desasosiego y la perseverancia de las
personas más vulnerables, que necesitan algo más que medicamentos. La mejor medicina es un sistema de apoyo y
protección, que se constituye como la medida más eficaz para evitar los peores
efectos de la crisis sobre la salud mental.
Por otra parte, resulta interesante fijarse en cómo
están influyendo los recortes en las asociaciones y centros para personas con
enfermedades mentales. Algunos de estos centros han recurrido a la
autofinaciación, pudiendo apreciarse que muchas personas dejan de asistir al no
poder costeárselo.
Según afirma Julián Marcelo, miembro de ASIEM
(Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental) “por falta de financiación no pueden ni
sostenerse las ya escasas plazas de centros de media estancia, de centros de rehabilitación
y centros de día. Sin hablar de los prácticamente
desaparecidos programas de capacitación y orientación, incluso de los
financiados con fondos europeos.”
Un ejemplo de estos hechos es lo que sucede en la Asociación Lucha por la Salud Mental y los Cambios Sociales (Alusamen), que
asegura que si no recibe pronto la subvención que necesita, no podrá continuar
abierta el próximo curso y, por tanto, dejara sin “día a día” a unas 240
personas con enfermedades mentales graves como esquizofrenia o trastorno
bipolar, para quienes la entidad es su referencia.
Según explica Nacho Arteaga, psicólogo de Alusamen,
esta asociación es para muchos ciudadanos con trastornos mentales una forma de
vida, ya que acuden a ella casi a diario
y sale así del aislamiento propio de la esquizofrenia o de la enfermedad mental
con la que conviven.
Si entidades
como Alusamen se ven obligadas a cerrar sus puertas, teme Arteaga, muchas
personas con trastornos mentales graves, a las que les cuesta bastante
relacionarse, volverá a aislarse en sus casas e incluso al hospital, lo que no supondrá
desde luego un ahorro para las administraciones.
Raquel Reyes Torres
Andrea García García
2ºC, C1
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