NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO.

Estamos asistiendo a un grave atentado contra los derechos humanos  y se está produciendo  exclusión  por razones económicas. En el Real Decreto 16/2012 puesto por el actual gobierno, los inmigrantes empadronados sin tarjeta sanitaria, no pueden ir a un médico de familia, ni hacerse pruebas ni comprar los fármacos que necesitan, lo que se traduce en un mal sistema para tratar y controlar las enfermedades que padecen, un mal sistema para evitar que las enfermedades se agraven y nos cuesten más dinero a todos curarlas y se puedan propagar a la población general.

 Desde diferentes ámbitos del sistema sanitario se han presentado varias propuestas para racionalizar el sistema sanitario, para que sea más eficiente porque lo que no se puede hacer es quitar prestaciones sanitarias al sector más débil de la población.

Hasta ahora, todos los gobiernos se habían mantenido remisos a dar a conocer la cifra de inmigrantes en situación administrativa irregular que vivían en nuestro país. Ha tenido que ser en un documento sobre los próximos recortes, enviado a Bruselas, donde se constata oficialmente que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España han sido dadas de baja, es decir casi el 20% de la población inmigrante residente en España se queda sin atención.

 Con el siguiente video Médicos del Mundo expresa su preocupación ante la situación de desamparo en la que quedan las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. En este sentido, no admiten la exclusión, por razones administrativas, del derecho a la atención sanitaria de ninguna persona que viva en territorio español, comprometiéndose, individual y colectivamente, a promover y asegurar el acceso a los servicios sanitarios para toda persona que necesite atención y cuidados en salud.

http://www.youtube.com/watch?v=GbsFF_Jn0ww

Médicos del Mundo denuncia no sólo la injusticia que supone la Reforma Sanitaria, que mediante el Real Decreto 16/2012 dejó desde el pasado septiembre a los inmigrantes en situación administrativa irregular fuera del sistema sanitario, sino también la notable descoordinación y poca claridad a la hora de llevar esta reforma a la práctica. Así lo atestiguaba el informe que lanzó Médicos el Mundo el pasado mes de diciembre, en el que se ponía de manifiesto que mientras algunos ejecutivos autonómicos han expresado su compromiso de seguir atendiendo a quien lo necesite, otros han aplicado estrictamente la exclusión, llegando en algunos casos a dificultar el acceso a los servicios sanitarios de forma gratuita incluso en los únicos casos en los que este Real Decreto sigue contemplando: asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica; asistencia al embarazo, parto y postparto; menores de dieciocho años y solicitantes de protección internacional (asilo y refugio). Pues bien, según Médicos del Mundo la ley se ha vulnerado en todos los casos menos en el de protección internacional.
Existen documentados decenas de casos de facturación en Canarias, en Madrid, en Castilla la Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en Baleares o en Aragón. La mayoría son casos de inmigrantes sin papeles, tratados en urgencias, único lugar al que pueden acudir según el Real Decreto Ley 16/2012.

Por ejemplo se  han encontrado con casos de facturas sanitarias en Baleares por asistencia a niños y embarazadas donde la norma especifica claramente que deben ser atendidos e integrados en el sistema como cualquier beneficiario español.

También asegura Médicos del Mundo que en varios de estos casos se ha obligado a firmar a los inmigrantes, antes de atenderles medicamente, un compromiso de pago por la asistencia.

Esta imagen hace referencia a un hombre a quien se le prestó un servicio en urgencias 'con intervención especial por un trauma', y al que posteriormente se le emitió una factura por un importe de 255 euros que le fue enviada en febrero de 2013. Se trata de una práctica que supone 'un incumplimiento' del Real Decreto de asistencia sanitaria a los 'sin papeles'.

Otro ejemplo es esta factura de 3.339,20 € emitida a una mujer inmigrante después de dar a luz.

 

Además existen mitos que sirven de argumentos falaces para la justificación de esta reforma sanitaria excluyente. Uno de ellos es que el sistema sanitario público se financia con los impuestos directos que gravan el sueldo de los trabajadores, cuando en realidad se financia en su mayor parte con los impuestos indirectos que gravan la compra de bienes y con los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina, por lo que las personas inmigrantes contribuyen a su mantenimiento tanto como las españolas de origen.

Esto y otras cosas sobre este asunto se explican muy bien en el siguiente video de  Miguel Reyero, vicepresidente de Médicos del Mundo en Illes Balears en el programa Salvados, de la Sexta.

http://www.youtube.com/watch?v=0V_C6OcoowI

Las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponen el 5% de los pacientes de atención primaria, contra el argumento infundado según el cual los inmigrantes hacen uso excesivo del Sistema Público de Salud, llegando a saturarla. Además la situación generada es arbitraria y se está negando, beneficios sociales. Sobre todo en aquellos extranjeros que de manera sobrevenida pasan a una situación de ilegalidad por haber perdido su trabajo, lo que sería en las actuales circunstancias una consecuencia no merecida.

Incluso mirando de forma egoísta, este decreto  no producirá ahorro económico a largo plazo (puesto que la atención de urgencias es más costosa que la atención primaria), y es peligroso en términos salud pública, ya que dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un riesgo de extensión de enfermedades infecto contagiosas

Después de esta reflexión, ¿Creéis que este reforma en la sanidad cumplirá su propósito de mejorar la economía española? Si es así ¿El precio al que se está realizando está justificado?

 Desde mi punto de vista este decreto es una forma de aumentar la exclusión que muchos inmigrantes ya sufrían de una manera descarada.

La salud no puede ser un lujo porque es un derecho, y es innegable el acceso a los servicios públicos de salud para todas las personas, sin discriminación alguna.

 SANDRA LUCAS TRIVIÑO 2ºC 1