Dependientes y Ley de Dependencia

Actualmente la mayoría de los países desarrollados, como España, poseen una población envejecida, gracias a los avances médicos y al ritmo de vida que viven nuestros mayores esto es lógico. Y evidentemente no hay nada mejor que saber que cada vez vamos a vivir más años, pero esto también trae consecuencias que nos afecta a todos. 

Hoy en día en España, la tasa de paro supera el 25 %, lo que supone un gran descenso en las cotizaciones en la Seguridad Social, y esto perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas mayores, no pueden disfrutar en condiciones del privilegio de la jubilación y las soluciones que se plantean es el aumento de la edad de jubilación. Por otro lado, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha provocado que el trabajo reproductivo que era cubierto mayoritariamente por estas, pase a ser un reclamo para que el gobierno tome parte en ello. 

De ahí la aparición de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en España, anteriormente las leyes que trataban temas relacionados con las personas dependientes en España eran meramente contributivas, hasta 1990 (Ley 26/1990 de Prestaciones no contributivas) donde las políticas sociales se empezaron a volcar más en este sector. 

La peculiaridad de esta ley, es que buscaba lo que se había intentado evitar siempre en los Servicios Sociales, la centralización. Buscaba igualdad territorial, universalidad y unos derechos subjetivos, y para esto es necesaria una implicación directa tanto del gobierno como de las CC.AA. Su nacimiento, supuso el desarrollo de una red de servicios sociales (cuarto pilar) que hasta el momento en España era claramente insuficiente.

El gobierno se compromete a garantizar el desarrollo del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), a través de una serie de actuaciones tanto técnicas como de financiación (nivel mínimo: aportación económica exclusiva del Estado por cada persona reconocida como dependiente, en función de su grado y nivel). Y las CC.AA deben ofrecer aportaciones iguales a las del Estado en función de criterios y ponderaciones específicas (población, superficie, dispersión, insularidad, dictámenes, PIA, prestaciones y servicios reconocidos), también pueden articular otro fondo adicional con cargo exclusivamente a sus presupuestos. 

El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El primer año serán 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en 2015. Las Comunidades Autónomas deberán aportar las mismas cantidades. Los usuarios sufragarán el 35% del total en función de su renta. Si una familia puede pagar el 90% del coste de una residencia, así deberá hacerlo durante todo el tiempo posible.

La Ley pretende ser universal y dar prioridad a la teleasistencia ( sistema de ayuda dentro y fuera del hogar que cubre las necesidades de aquellas personas que pueden requerir de atención constante ó puntual y asistencia rápida en casos de urgencia durante las 24 horas ), la ayuda a domicilio y los centros de día, siendo «excepcional» el pago de un sueldo al cuidador familiar, una vez se haya dado de alta en la Seguridad Social. 

El problema es que este planteamiento de la LAPAD (La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) no se llegó a dar nunca por las siguientes razones: las prestaciones económicas tanto de las CC.AA como del gobierno central, que barajaban para donar a esta ley eran insuficientes para que las personas dependientes pudiesen tener un nivel de vida digno; no solo hay escasez financiera en este ámbito, sino que tampoco podemos contar con las infraestructuras suficientes para llevar a cabo los objetivos de dicha ley. Nos encontramos con una amplia demanda de centros de día y residencias y muy poca oferta. De manera que una de las cosas que se criticó al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al aprobar esta ley fue, que antes de aprobarla debería haber construido los medios necesarios, para haberla llevado a cabo correctamente con posterioridad; y por último la falta de concreción sobre la documentación requerida, y la falta de equipos que evalúen y aprueben esas solicitudes hizo que la ley se desarrollara con retraso.

Actualmente los objetivos de la ley de dependencia están obsoletos, desde su aprobación se intento poner en marcha pero fue imposible, por los problemas que he explicado anteriormente.

La situación actual de dicha ley es la siguiente: hay retrasos en los pagos por parte de la Administración, congelación de los precios en los servicios concertados, abuso de la prestación económica al cuidador informal, aplazamiento de la incorporación al Sistema de los Dependientes moderados, eliminación de la partida destina al nivel acordado. El Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales e igualdad, declara que un 61% del presupuesto va dirigido a la dependencia…y esto no es suficiente. El sector privado de atención a la dependencia, se encuentra en la cuerda floja, ya que denuncia que los recortes a los que se está viendo expuesta esta ley puede suponer el cierre de empresas y el despido de miles de empleados.

El pasado 30 de Marzo de 2012, el Consejo de Ministros, aprobó el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, que suponen un recorte de 27. 300 millones de euros, con el fin de reducir el déficit público y alcanzar la estabilidad presupuestaria. 

Y estos recortes también han llegado al Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales e Igualdad viendo reducida su asignación un 13,7% en este año. Ante este recorte el Ministerio ha tenido que tomar partida, suprimiendo el nivel acordado de dependencia de las CC.AA, es decir, un recorte de 283 millones de euros en la partida dirigida a la LAPAD (estas medidas de ajuste fueron aprobadas por el Real Decreto 20/2012 del 13 de Julio).

Aún así, hay que decir que el gobierno ha intentado mermar lo máximo posible los recortes en Servicios Sociales y especialmente en la ley de dependencia, al suprimir el nivel acordado han aumentado un 18,7% la financiación del nivel mínimo y han pedido a las CC.AA que ahorren para gastos de este sector.

El problema es que nos encontramos con grandes desigualdades entre las CC.AA, donde por ejemplo las personas dependientes de Castilla la Mancha están pasando muchas calamidades.

Si hacemos una reflexión sobre los datos que se han explicado, podremos observar que la ley de dependencia es la que más se está viendo afecta por la crisis económica. No solo por los recortes en su normativa, sino por las peculiaridades demográficas que se están dando en España. La edad media de los ciudadanos cada vez es más alta, por lo tanto habrá más personas no cotizantes año tras año, y esto irremediablemente desembocará en que sea inviable financiar los servicios derivados de esta prestación con las aportaciones de los trabajadores.

Ángela Crespo Herrador, C1

Cristina Valdeavero Violat, C1